La Ley de Movilidad Sostenible entra en vigor

Por Mercedes Martín, Embajadora de Confortauto.

Durante años, la movilidad en España ha sido una suma de decisiones fragmentadas. Una rotonda aquí, un aparcamiento allá, una carretera más para resolver un problema inmediato. El desplazamiento se gestionaba como un efecto secundario del crecimiento, no como una política con entidad propia.

La entrada en vigor de la Ley de Movilidad Sostenible, el pasado 5 de diciembre de 2025, cambia ese enfoque. No porque transforme de inmediato las calles, sino porque introduce algo que hasta ahora faltaba: un criterio común.

Por primera vez, el modo en que nos desplazamos deja de depender exclusivamente de la urgencia o del contexto local y pasa a formar parte de un marco nacional. La norma obliga a las administraciones a planificar con antelación, a coordinar transporte, urbanismo y energía, y a evaluar las consecuencias de cada decisión más allá del tráfico.

Eso incluye decisiones tan cotidianas como dónde se coloca un aparcamiento, cuánto espacio ocupa una calzada o si una calle se diseña para atravesarla rápido o para vivirla despacio. Gestos pequeños, acumulados durante décadas, que ahora entran por primera vez en una misma ecuación.

El cambio es menos visible que una nueva infraestructura, pero más profundo. Las grandes ciudades deberán definir cómo se mueven sus habitantes, con qué prioridades y bajo qué límites. No basta con que el tráfico fluya: entran en juego la calidad del aire, el ruido, la seguridad vial, el consumo energético y el acceso equitativo al espacio urbano.

Algunas medidas ya eran conocidas, pero ahora adquieren estabilidad. Las zonas de bajas emisiones dejan de ser excepciones y se integran como parte del diseño urbano. El transporte público deja de ser un complemento y se consolida como eje estructural. Caminar o desplazarse en bicicleta deja de depender de la voluntad individual y pasa a formar parte de la planificación.

La ley no dicta cómo debe moverse cada persona, pero reconoce que el desplazamiento tiene un impacto colectivo. Cada kilómetro recorrido, cada infraestructura construida, cada elección de diseño condiciona el entorno en el que vivimos. La movilidad deja de ser un asunto técnico y se convierte en una cuestión de salud, de tiempo y de espacio compartido.

Eso no significa que el cambio sea inmediato. El parque automovilístico sigue siendo antiguo, la electrificación avanza con desigualdad y la dependencia del vehículo privado sigue muy arraigada. La norma no resuelve esos problemas por sí sola, pero fija un marco que ya no permite ignorarlos.

Desde diciembre, los municipios no discuten si deben actuar, sino cuándo y cómo hacerlo. Los plazos empiezan a correr y la improvisación pierde margen. No se trata de prohibir desplazamientos, sino de ordenarlos con criterios que hasta ahora quedaban en segundo plano.